Valladolid niega desde hace ocho años la restitución de las juntas vecinales abolidas cuando se hizo el pantano del Porma.
Un nuevo informe jurídico determinará si hay voluntad del PP para sacar el caso del Tribunal Supremo.
«Nos vendría de maravilla tener junta vecinal, por lo menos podríamos hacer algo en el pueblo» MARI PAZ GONZÁLEZ, propietaria de un negocio de hostelería en Llama La disolución de las juntas vecinales de los pueblos de Vegamián que fueron anexionados a Boñar tras la construcción del embalse del Porma sigue trayendo cola ocho años después de que los vecinos decidiesen solicitar voluntariamente la reinstauración de las pedanías para gestionar su patrimonio, como ocurre en las localidades que han pertenecido históricamente al municipio boñarense.
Desde que el 10 de julio de 1996 se tramitara el expediente para anular la extinción administrativa de las nueve entidades locales menores -actualmente sólo sostienen la batalla legal en el Tribunal Supremo cinco pueblos-, ni el Ayuntamiento de Boñar ni la Consejería de Administración Territorial han puesto fáciles las cosas a estas poblaciones, negándolas una y otra vez la posibilidad de recomponer sus pequeños gobiernos que, como en el resto de la provincia, perviven desde la Edad Media.
Llegado el caso al Alto Tribunal -fuentes jurídicas consultadas consideran que aún pueden pasar dos años más hasta que se produzca un pronunciamiento- y conocido el notorio rechazo de Valladolid a restituir las pedanías, los servicios jurídicos de la Delegación Territorial de León trabajan en la elaboración de un informe que determine qué posibilidades hay de dar una solución política. Si la administración reconsidera su postura, podría suponer la paralización del proceso judicial abierto por parte de Felechas, Llama, Las Bodas, Oville y Barrio de las Ollas.
En estas localidades y también en las que se han ido desmarcando de los tribunales (Voznuevo, Colle, Vozmediano y Veneros) existe un sentimiento de «abandono total» por parte del Ayuntamiento de Boñar y de la Junta. Se quejan de «indefensión» ante la imposibilidad de poder gestionar su valioso patrimonio -mientras tanto es el consistorio quien se beneficia de la explotación de los montes- y reclaman servicios universales como las comunicaciones telefónicas o el transporte, que en algunos pueblos es suprimido día sí y día no sin explicaciones y sin que ninguna institución lo haya denunciado.
A eso se le suman infraestructuras en muy mal estado que muchas veces son arregladas gracias a la mano de obra que ponen los propios vecinos, calles sin asfaltar, aceras y alumbrado que no existen y calles cegadas de matorrales que exigen urgentes tareas de limpieza.
Envejecidos, pero no tanto
Asimismo consideran que la espiral de despoblación que sufre esta zona de la Montaña Oriental está en parte motivada por la falta de servicios básicos. Se trata de una población muy envejecida en algunos casos, pero no en todos. En la población de Llama, como ejemplo, diez de los 40 habitantes son niños o adolescentes que no tienen ningún tipo de instalación lúdica.
La mayor parte de estas carencias quedarían resueltas, según relatan los vecinos, si los beneficios de la explotación de su patrimonio -principalmente serían ingresos procedentes del aprovechamiento maderero, cinegético y minero- revirtiesen en los pueblos.
La lucha por conseguir estos derechos tomó una especial relevancia cuando la mayor parte de los habitantes se echaron a la calle para reivindicar las nueve pedanías. A las manifestaciones, muy notorias hace siete años, acudieron casi tantos habitantes como había censados, desde el más viejo al más joven. La reiteración de las protestas abrió entonces un clima de tensión social que, con mayor o menor intensidad, se ha arrastrado hasta hoy. Cuando la política hidráulica de Franco proyectó el pantano del Porma, el Ayuntamiento de Boñar se merendó el patrimonio y el rendimiento de los montes de nueve pueblos cuyas juntas vecinales quedaban extinguidas. A cambio, los servicios pasaban a ser prestados por el municipio. Sin embargo, esa situación administrativa está viciada desde un principio, puesto que se vulneró el principio de solidaridad intramunicipal de estos pueblos al impedirles mantener las pedanías que en las poblaciones que ya pertenecían a Boñar sí se respetaron.
El de 1996 es el primer expediente que solicitó la reinstauración de las juntas vecinales. Fue una solicitud avalada por una mayoría absoluta del censo y en la que se argumentaba que existía patrimonio suficiente para ser gestionado. Pero todo fueron trabas. La ex alcaldesa Celia Reguero, para tramitar la solicitud, obligó a cada vecino a ratificarse, para lo que les hizo ir uno a uno al consistorio a firmar una declaración.
Después, el Ayuntamiento hizo un irrisorio inventario del patrimonio de los pueblos, que valoraba en 2.950 pesetas todos los montes y fincas de Colle, sólo por poner un ejemplo. Tras ello, el pleno se pronunció en contra de restituir las pedanías, argumento el de la autonomía local que fue utilizado por la Junta para denegar las pedanías. Esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que volvió a denegar la recuperación de los entes locales menores. Sólo cinco vecinos decidieron elevar entonces el caso al Tribunal Supremo.
Boñar valoró los bienes reclamados en 382 euros, cuando la estimación de la Junta supera los diez millones
La batalla legal para recuperar los bienes de las juntas vecinales ha sido dura, tanto que los vecinos han tenido que sortear argucias como la que planteó el Ayuntamiento de Boñar para restar importancia al valor del patrimonio de las pedanías que se están reclamando. El inventario que entregó en su informe contrario a restituir las juntas, la ex alcaldesa Celia Reguero estimó en 382,69 euros el valor de todos estos bienes. Aquí entran grandes superficies enclavadas en el Parque Regional de Picos de Europa.
Los montes de utilidad pública, las fincas, campos y eras de los nueve pueblos tienen un valor de más de diez millones de euros, según la estimación mínima que en su día tuvo que elaborar la Junta de Castilla y León para contrarrestar el desfasado informe municipal, que utilizó el valor que tenían los bienes en los años 60, cuando pasaron a su poder.
Localidades como Felechas, Oville o Vozmediano tienen montes valorados en 180.000 euros (300 millones de las antiguas pesetas) y deberían disfrutar de aprovechamientos como la caza, que en el menor de los casos aportarían 600 euros por coto.
La diferencia de las valoraciones resultó brutal en cada una de las localidades. A Oville le fue adjudicado un patrimonio de 19.148 pesetas, cuando el real de es más de 320 millones; a Voznuevo, de 2.650 pesetas, mientras que sus montes y la casa de concejo valen como mínimo 82 millones; a Las Bodas, le corresponderían, según el ayuntamiento, 2.020 pesetas, cuando la Junta subió esta cantidad a 2,3 millones; las fincas de Colle fueron valoradas en 2.950 pesetas, pero su precio no es menor de 57 millones; Felechas tenía inicialmente un patrimonio nulo, aunque el definitivo supera los 322 millones. Y así en el resto de poblaciones, excepto en Barrio de las Ollas, de quienes se dijo que no tenían documentos que acreditaran sus bienes.
Guerra por una gota de agua
Reportaje: El moroso no es el contribuyente
El Ayuntamiento de Boñar debe después de tres años los 108.000 euros que un tribunal le condenó a devolver a los vecinos por cobrarles un servicio que construyeron en hacendera.
Andrés García es de los vecinos que en 1976 se remangó la camisa y se echó a la montaña para construir una pequeña infraestructura que llevase el agua a Felechas, una de las nueve localidades de la montaña que esperan que su junta vecinal sea restituida. Recuerda que todos pusieron una derrama y mano de obra para crear un servicio inexistente hasta entonces. «Tenía los hombros descarnados de subir tuberías», recuerda Manti, su hermana.
El agua llegó y, años después, en 1996, el PP aprovechó su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Boñar para modificar la ordenanza de la tasa de alcantarillado y el precio público del suministro de agua potable, de forma que los vecinos quedaban obligados a pagar un canon.
Los pueblos tomaron entonces la determinación de negarse a pagar la tasa, aunque los medios coercitivos utilizados por el ayuntamiento cambiaron la actitud de muchos. Fue cuando la representación legal de nueve particulares presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con el fin de anular la ordenanza.
Cinco años más tarde, en mayo del 2001, la sala que tramitó el caso en este tribunal publicó una sentencia en la que anulaba la polémica ordenanza del agua, obligando al Ayuntamiento de Boñar a devolver el dinero cobrado irregularmente a los pueblos. La cifra calculada entonces era de unos 108.000 euros (18 millones de pesetas).
Cobró sin ser suyo
La sentencia declaró «nulo» el cobro de la cuota anual por conservación de la red, el precio público del agua y la instalación de contadores, amparándose en que el Ayuntamiento había asumido la gestión de este suministro sin que las traídas de los pueblos perteneciesen al patrimonio municipal.
Los ponentes del tribunal subrayaron: «…no puede caber ninguna duda sobre la nulidad de tales actos. El Ayuntamiento asume la gestión del suministro sin incorporar a su patrimonio las obras realizadas por el vecindario a través del sistema de acción comunitaria, por tanto sin tener facultades para su explotación».
A fecha de hoy, el Ayuntamiento no ha devuelto a ni un euro. La alcaldesa, Virginia Blasco, se comprometió a desembolsar los pagos cuanto tomó posesión de su cargo en las últimas elecciones municipales. Nueve meses después, su compromiso no ha sido cumplido. Llevó a pleno la ejecución de la sentencia, pero al entrar en la moción localidades que habían hecho previamente una cesión parcial de su patrimonio al Ayuntamiento no fue posible aprobarla. De momento, el caso está bloqueado y ni el Boletín Oficial de la Provincia ha publicado orden alguna relativa a este asunto.
Malestar vecinal
Tanto José como Manuel, vecinos de Felechas y Llama, respectivamente, coinciden en resaltar el malestar vecinal que está generando la desidia del ayuntamiento y su actitud de rechazo a los pueblos. «Tenemos ayuntamiento por decir algo. Antes lo hacíamos todo con hacenderas, pero la gente ya se ha cansado», dice Manuel. «Nos vendría de maravilla tener junta vecinal, porque por lo menos podríamos hacer algo en el pueblo», comenta Mari Paz, propietaria del único negocio de hostelería de Llama. Estos testimonios son sólo un pequeño ejemplo del pesimismo que se percibe en esta parte de la montaña, paradójicamente en algunos de los pueblos que más riqueza natural tienen de toda la provincia y a quienes se les está negando sistemáticamente gestionar su propio patrimonio.
Articulo Publicado en el Diario de León del día 28/03/2004
